ISO 27001 para Empresas Públicas

La implantación de la norma ISO 27001 para empresas públicas garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos estatales y ciudadanos. Este estándar internacional estructura un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) robusto, facilitando la alineación con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el marco legal español.

El entorno actual exige a las organizaciones del sector público una transformación digital acelerada que, de forma inevitable, incrementa la superficie de exposición ante amenazas cibernéticas. Las entidades de titularidad estatal, autonómica o local gestionan un volumen crítico de información confidencial de los ciudadanos, activos financieros públicos e infraestructuras esenciales. En este escenario, la protección de la información deja de ser una opción técnica para convertirse en un mandato estratégico y de gobernanza fundamental.

Adoptar un marco de referencia internacional permite estructurar los esfuerzos de seguridad bajo criterios de mejora continua. No se trata simplemente de desplegar herramientas perimetrales o cortafuegos, sino de asentar una cultura institucional donde el análisis de riesgos dicte cada decisión operativa, salvaguardando el patrimonio inmaterial más valioso de la administración: su credibilidad.

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Blindaje de la Información frente al Entorno de Amenazas Actual

Las empresas públicas en España se sitúan en el centro de ataques de ransomware y campañas de phishing debido al impacto social de la interrupción de sus servicios. La implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) fundamentado en este estándar mitiga el riesgo de incidentes graves al evaluar formalmente las vulnerabilidades de los activos tecnológicos, las personas y las instalaciones. Al identificar los activos de información críticos —desde bases de datos tributarias hasta sistemas de gestión del transporte metropolitano—, la entidad prioriza sus recursos financieros y técnicos en los controles defensivos de mayor retorno de inversión en seguridad.

Alianza Estratégica con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

Para las corporaciones de derecho público y empresas participadas en España, el cumplimiento del Real Decreto 311/2022 (ENS) es de obligado cumplimiento. Existe una correspondencia semántica y técnica directa entre los dominios de control del estándar internacional y las medidas de seguridad del ENS. Diseñar el SGSI bajo una visión unificada evita la duplicidad de registros, optimiza las horas de dedicación del personal interno y unifica las políticas de seguridad. Una empresa pública que consolida su estructura bajo este prisma internacional reduce en más de un 60% el esfuerzo técnico posterior necesario para alcanzar la conformidad en los niveles medio o alto del ENS.

Transparencia y Reputación ante la Ciudadanía y Órganos de Control

El escrutinio sobre la gestión pública es constante. Una brecha de seguridad que exponga datos personales no solo acarrea sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), sino que quiebra la confianza depositada por los administrados. Demostrar de forma proactiva que la organización cuenta con políticas de seguridad auditadas de forma externa actúa como un elemento diferenciador. Asimismo, frente a las exigencias de las comisiones parlamentarias, tribunales de cuentas u oficinas antifraude, contar con un marco documental e indicadores de riesgo claros demuestra una diligencia debida inobjetable por parte de la dirección de la entidad.

Los Pilares Operativos de la Norma en la Gestión Pública

El despliegue efectivo del estándar requiere comprender que la seguridad de la información no recae exclusivamente en el departamento de sistemas de información. El estándar se sostiene sobre requisitos de gestión que obligan a involucrar a las áreas jurídicas, operativas y de recursos humanos de la empresa estatal.

Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección

El éxito de la gobernanza de la seguridad depende del respaldo explícito del consejo de administración o los responsables políticos de la entidad. El estándar exige la definición clara de una política de seguridad de la información que se comunique a todos los niveles de la organización y la asignación formal de roles y responsabilidades. En el sector público, esto implica el nombramiento explícito de figuras como el Responsable de la Información, el Responsable del Servicio y el Responsable de Seguridad, asegurando que existan contrapesos organizativos adecuados para evitar conflictos de interés entre la operación tecnológica y la supervisión del riesgo.

Gestión de Riesgos Basada en Metodologías Públicas

El núcleo del estándar es el enfoque preventivo. Las organizaciones públicas deben realizar valoraciones de riesgo sistemáticas. En el contexto de la administración en España, el uso de la metodología Magerit (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información), respaldada por el Centro Criptológico Nacional (CCN), resulta idóneo. El proceso obliga a determinar el impacto que tendría la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad en las funciones de la empresa, estimando las salvaguardas necesarias para mantener el riesgo residual en niveles aceptables para los objetivos de la corporación.

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|                       ANÁLISIS DE RIESGOS (MAGERIT)                   |

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|               DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SoA)                      |

|       Selección de controles del Anexo A adaptados al sector          |

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|             PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS (PTR)                      |

|    Asignación de recursos públicos, plazos y responsables de control |

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El Anexo A y la Selección de Controles Específicos

La versión vigente del estándar articula sus controles en cuatro grandes bloques temáticos: organizacionales, personas, físicos y tecnológicos. Las empresas públicas deben adaptar la Declaración de Aplicabilidad (SoA, por sus siglas en inglés) atendiendo a singularidades como la coexistencia de personal funcionario y laboral, la contratación de proveedores externos a través de licitaciones sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y la dispersión geográfica de sedes de atención ciudadana.

Desafíos Críticos del Sector Público y su Resolución

Las corporaciones públicas presentan dinámicas de gestión que difieren sustancialmente del entorno puramente corporativo privado. Estas particularidades imponen retos específicos que el estándar ayuda a encauzar.

Gestión de Proveedores bajo la Ley de Contratos del Sector Público

Las empresas públicas externalizan una parte significativa de su soporte informático y custodia de datos en la nube. Imponer requisitos de seguridad a estos adjudicatarios puede resultar complejo debido a la rigidez de los pliegos de contratación de las licitaciones. El estándar resuelve este reto al exigir que las condiciones de seguridad se integren desde la fase de diseño de los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT). Al definir criterios de solvencia técnica basados en certificaciones de ciberseguridad, la entidad asegura que solo contrata con partners tecnológicos que garantizan la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Rotación Institucional y Concienciación del Personal

Los cambios en los equipos de gobierno y las direcciones generales de las entidades estatales suelen provocar variaciones en las prioridades estratégicas. Un SGSI maduro actúa como un elemento de continuidad institucional, ya que los procedimientos, métricas y controles quedan institucionalizados con independencia de las personas que ocupen los cargos de gestión. Además, mediante los programas de concienciación obligatorios que marca el control de seguridad de los recursos humanos, se combate el escepticismo o la falta de hábitos seguros del personal operativo, reduciendo la incidencia de errores involuntarios en la manipulación de registros públicos.

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Comparativa de Escenarios de Control en la Administración

Para clarificar cómo impacta la norma en la gestión operativa diaria, examinemos las diferencias sustanciales entre un modelo de gestión reactivo y un modelo estructurado bajo el estándar internacional de ciberseguridad:

Dimensión Operativa	Gestión Tradicional (Reactiva)	Gestión bajo Estándar ISO 27001 (Proactiva)
Alta de Personal y Accesos	Asignación discrecional de permisos según peticiones informales por correo.	Control de accesos estricto basado en roles funcionales y el principio de mínimo privilegio verificado periódicamente.
Relación con Terceros	Confianza en las cláusulas genéricas de los contratos sin auditoría de las medidas de los proveedores.	Evaluación obligatoria de la seguridad del ciclo de vida del proveedor con métricas de cumplimiento e inspecciones.
Gestión de Incidentes	Resolución técnica aislada por el equipo de sistemas sin registro centralizado ni análisis de causa raíz.	Flujo de respuesta institucionalizado con notificación inmediata, preservación de evidencias y lecciones aprendidas.
Continuidad del Servicio	Dependencia de copias de seguridad cuya restauración raramente se somete a pruebas reales de estrés.	Planes de continuidad documentados y simulacros anuales de recuperación ante desastres en entornos críticos.

Metodología de Implantación en 6 Fases para Entidades Estatales

La introducción de este modelo de gobernanza requiere un desarrollo ordenado que respete los tiempos administrativos y asegure la asimilación del cambio por parte de la estructura organizativa.

Fase 1: Diagnóstico GAP  –>  Fase 2: Política y Comités  –>  Fase 3: Análisis de Riesgos

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Fase 6: Auditoría Interna <–  Fase 5: Concienciación     <–  Fase 4: Despliegue Operativo

Fase 1: Diagnóstico de Brechas (GAP Analysis)

Evaluación inicial del estado de la ciberseguridad en la organización frente a los requisitos de la norma y las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad. Se analizan las políticas existentes, la infraestructura técnica y los contratos vigentes con terceros para trazar la hoja de ruta técnica y temporal del proyecto.

Fase 2: Definición del Alcance y Gobernanza

Determinación precisa de las fronteras del SGSI. En empresas públicas de gran envergadura, se puede optar por un alcance progresivo, comenzando por las divisiones que gestionan los servicios ciudadanos más sensibles. Se constituye formalmente el Comité de Seguridad de la Información, integrando representación de las áreas jurídica, tecnológica y de operaciones.

Fase 3: Evaluación y Gestión del Riesgo

Identificación detallada de activos, amenazas y vulnerabilidades usando herramientas alineadas con el marco del Centro Criptológico Nacional. Elaboración del mapa de riesgos corporativo, fijación del umbral de riesgo aceptable y redacción de la Declaración de Aplicabilidad, donde se justifican los controles que se implementarán y aquellos que se excluyen motivadamente.

Fase 4: Despliegue de Controles y Desarrollo Documental

Redacción y aprobación de las políticas de segundo nivel: control de accesos, cifrado de datos, seguridad física, clasificación de la información y teletrabajo. Configuración de los controles técnicos requeridos, como sistemas de gestión de identidades, registros de auditoría centralizados (SIEM) y protocolos seguros de transferencia de datos con otras administraciones públicas.

Fase 5: Sensibilización y Operación del Sistema

Ejecución de un plan de formación adaptado a los diferentes perfiles de la organización, desde personal administrativo hasta directivos de alto nivel. Entrada en régimen operativo de los nuevos procedimientos de control, registro sistemático de evidencias del funcionamiento de las salvaguardas y atención continuada a las alertas de seguridad detectadas.

Fase 6: Auditoría Interna y Revisión por la Dirección

Realización de una evaluación exhaustiva e independiente del sistema para verificar su grado de cumplimiento y efectividad. El Comité de Seguridad e Información examina los resultados, analiza las métricas de rendimiento y las desviaciones detectadas para aprobar las acciones correctivas pertinentes antes de someter la organización al proceso de certificación oficial por parte de la entidad acreditada.

Retos Comunes y Cómo Evitarlos en la Práctica Pública

A lo largo de los procesos de certificación surgen fricciones organizacionales específicas del entorno público que pueden comprometer los plazos del proyecto si no se gestionan adecuadamente.

El Error del «Exceso de Burocracia Documental»

Uno de los fallos más reiterados consiste en diseñar un sistema hiperbólico de normas y registros que paralice la agilidad operativa de la empresa. Las políticas de seguridad deben redactarse para reflejar lo que la organización puede ejecutar con sus recursos humanos reales. Es preferible contar con un procedimiento automatizado sencillo de control de soportes de almacenamiento que con una política compleja de cinco páginas que el personal ignore sistemáticamente por su inviabilidad práctica en las ventanillas de atención al público.

La Falta de Sincronización entre el CISO y el CIO

En muchas corporaciones estatales, la figura del Responsable de Seguridad de la Información (CISO) queda subordinada orgánicamente al Responsable de Tecnología (CIO). Esto constituye un fallo conceptual que dificulta la auditoría interna del sistema. La seguridad debe poseer independencia orgánica para evaluar de forma objetiva los riesgos tecnológicos introducidos por el área de sistemas. El estándar mitiga esta disfunción al exigir canales de comunicación directa entre el responsable del SGSI y la alta dirección de la empresa pública.

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Retorno de Inversión y Ventajas de la Gobernanza del Dato

Aunque la inversión en un marco de seguridad internacional responde frecuentemente a exigencias regulatorias, las entidades públicas experimentan mejoras operativas internas de gran relevancia que optimizan el uso de los fondos públicos:

Vector de Rendimiento	Beneficio Directo Obtenido	Impacto Presupuestario e Institucional
Licitaciones de Compra Pública	Puntuación preferencial y cumplimiento automático de solvencia técnica en contratación con la UE.	Acceso ágil a fondos europeos de digitalización y resiliencia sin retrasos administrativos.
Optimización de Infraestructuras	Eliminación de sistemas informáticos obsoletos e inseguros detectados en el inventario de activos.	Reducción de costes recurrentes de mantenimiento de software sin soporte oficial.
Eficiencia Operativa Interna	Claridad absoluta en los flujos de trabajo de los operadores y reducción del tiempo de baja por incidentes.	Aumento de las horas efectivas de servicio al ciudadano y reducción de las quejas por indisponibilidad de la sede electrónica.
Siniestralidad y Seguros	Reducción de la prima en pólizas de riesgo tecnológico y responsabilidad cibernética de la administración.	Ahorro presupuestario anual directo en las partidas destinadas a seguros de activos públicos.

Casos Prácticos de Éxito en Entidades y Empresas de Titularidad Pública

Consorcio Metropolitano de Aguas y Saneamiento

Una entidad pública encargada de la gestión de infraestructuras críticas del agua integró el estándar para salvaguardar sus sistemas de control industrial (SCADA) y los datos de facturación de más de un millón de abonados. Mediante la implantación de políticas estrictas de segregación de redes y control de accesos perimetrales para los contratistas de mantenimiento, el consorcio redujo a cero los accesos no autorizados en sus estaciones remotas de bombeo y facilitó su designación formal como operador de servicios esenciales conforme a la Directiva NIS2.

Entidad Pública Empresarial de Vivienda y Suelo Regional

Este organismo, encargado de gestionar los expedientes de ayudas al alquiler y adjudicación de vivienda de protección oficial, presentaba serios problemas para cumplir con los plazos de auditoría de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). La estructuración de un SGSI les permitió unificar el ciclo de vida de los datos sensibles de los solicitantes (ingresos, situaciones de vulnerabilidad, datos de salud). El resultado fue una automatización del 85% de las tareas de control de accesos a los expedientes y una reducción drástica del tiempo necesario para responder a las solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos de la comunidad autónoma.

La Elección de un Partner Estratégico en Ciberseguridad Pública

La contratación de servicios de consultoría ISO exige seleccionar proveedores que entiendan la idiosincrasia del derecho administrativo y las dinámicas del sector público español. No basta con conocer el estándar desde el punto de vista de una fábrica o un e-commerce; es indispensable dominar conceptos como las potestades administrativas, las leyes de procedimiento administrativo común y los marcos del CCN-CERT. Un consultor inadecuado propondrá metodologías comerciales que chocarán inmediatamente con la realidad presupuestaria y la cultura laboral de una empresa del Estado.

Criterios Clave de Selección

• Experiencia demostrable en proyectos conjuntos de articulación de Sistemas de Gestión bajo este estándar y el Esquema Nacional de Seguridad.
• Conocimiento exhaustivo de las herramientas de análisis de riesgo gubernamentales como PILAR y metodologías de gestión de activos públicos.
• Capacidad para formar e involucrar al personal laboral y directores de áreas no tecnológicas mediante técnicas persuasivas de concienciación.
• Capacidad jurídica para entender e integrar la seguridad dentro de los Pliegos de Condiciones que regulan la contratación de terceros de la corporación.

Por qué LegalGlobal es la Elección Idónea para su Entidad

En LegalGlobal acumulamos más de dos décadas de especialización en la intersección crítica entre el derecho administrativo, la gestión corporativa pública y la ciberseguridad avanzada. Entendemos con absoluta precisión que una empresa pública no busca un mero juego de plantillas documentales descargadas de internet, sino un socio estratégico capaz de moldear las exigencias de un marco internacional estricto para encajarlo de forma orgánica en sus flujos operativos reales.

Nuestros consultores senior cuentan con acreditaciones internacionales del máximo nivel y mantienen una actualización permanente con las guías del Centro Criptológico Nacional. Diseñamos sistemas que reducen la carga burocrática, potencian la eficacia de sus departamentos de TI y aseguran un blindaje impecable ante las auditorías externas estatales. No delegamos los proyectos en perfiles júnior; cada fase de su implantación es supervisada de forma directa por un experto de dilatada trayectoria en proyectos del sector público en España.

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FAQ – Preguntas Frecuentes

1 ¿Qué relación exacta existe entre este estándar y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en España?

El estándar internacional funciona como un marco de gestión global enfocado en la mejora continua de la seguridad mediante el análisis del riesgo del negocio. Por su parte, el ENS es un marco normativo obligado en España que establece un catálogo de medidas de seguridad obligatorias en función de la categoría del sistema (Básica, Media o Alta). Ambos marcos son plenamente complementarios y sinérgicos. Un SGSI correctamente diseñado sirve como la estructura de gestión perfecta para soportar, documentar y controlar las medidas operativas exigidas por el ENS, lo que permite simplificar de forma sustancial los procesos de auditoría de conformidad de las empresas públicas españolas.

2 ¿Puede una empresa del sector público certificar únicamente un departamento específico o debe abarcar toda la corporación?

Sí, el estándar permite definir el alcance de la certificación según las necesidades prioritarias de la organización. Una empresa pública puede decidir certificar inicialmente el entorno tecnológico que da soporte a su sede electrónica de atención al ciudadano o el centro de procesamiento de datos que custodia el sistema de facturación. No obstante, para que la certificación sea válida en ese perímetro, se deben mapear de forma rigurosa todas las dependencias externas, proveedores e interfaces que interactúan con ese alcance específico, asegurando que los riesgos periféricos se encuentren adecuadamente bajo control técnico y contractual.

3 ¿Cómo afecta la implantación de este sistema de gestión a las plataformas en la nube contratadas por la administración?

La norma exige aplicar un control estricto sobre los servicios en la nube (SaaS, PaaS o IaaS) empleados por la organización pública. La entidad debe inventariar estos servicios como activos de información externa y evaluar los riesgos asociados a la pérdida de control del almacenamiento físico de los datos. Esto obliga a la corporación pública a exigir contractualmente a sus proveedores de nube que demuestren poseer certificaciones de seguridad equivalentes y que cumplan con los requisitos de ubicación de datos dentro del Espacio Económico Europeo, en estricto cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las directrices del CCN.

4 ¿Cuánto tiempo suele requerir un organismo público para estar listo para superar el proceso de auditoría?

El plazo temporal medio para una implantación sólida del sistema oscila entre los 8 y los 14 meses de trabajo continuado. Este rango temporal está fuertemente condicionado por factores como el tamaño de la plantilla, la complejidad de las infraestructuras de telecomunicaciones subyacentes, el nivel de madurez tecnológica previa del departamento de informática y la velocidad de aprobación interna de las políticas de seguridad por parte de los órganos de gobierno de la empresa pública, cuyos calendarios de reuniones corporativas suelen estar pautados formalmente.

5 ¿Qué figura interna de la empresa pública debe asumir la máxima responsabilidad sobre el funcionamiento del SGSI?

La responsabilidad estratégica del sistema recae en la alta dirección o el consejo de administración de la empresa pública, ya que son quienes deben dotar de presupuesto y recursos al sistema. En el plano operativo y organizativo diario, la gestión es coordinada por el Responsable de la Seguridad de la Información (CISO) o el Director del SGSI. Esta figura lidera el Comité de Seguridad de la Información y actúa como el nexo entre el personal técnico de informática, el área jurídica de cumplimiento normativo y la dirección ejecutiva de la corporación estatal.

6 ¿Es obligatorio modificar los contratos vigentes con empresas de outsourcing informático al adoptar el estándar?

Sí, frecuentemente es necesario realizar adaptaciones o añadir anexos técnicos de seguridad a los contratos de soporte y outsourcing técnico en vigor. El estándar estipula que cualquier tercero con acceso a los activos de información críticos de la entidad debe aceptar formalmente los acuerdos de confidencialidad, los niveles de servicio exigidos en materia de seguridad y los protocolos de notificación obligatoria de incidentes informáticos establecidos por la corporación pública, garantizando que el perímetro de protección institucional no se debilite a través de subcontrataciones.

7 ¿Cómo ayuda el estándar a cumplir con las exigencias de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)?

El Reglamento General de Protección de Datos exige a las organizaciones el principio de responsabilidad proactiva y la aplicación de medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad del tratamiento de datos personales. Al desplegar el análisis de riesgos de la norma y documentar las salvaguardas aplicadas sobre las bases de datos de los administrados, la empresa pública genera la evidencia objetiva necesaria para demostrar ante la AEPD que actúa con la diligencia debida exigida por la legislación española, minimizando el riesgo de sanciones económicas o apercibimientos públicos.

8 ¿Qué ocurre si la empresa pública experimenta una reestructuración de departamentos durante la implantación del estándar?

El estándar está diseñado de forma modular y basado en procesos, no en organigramas rígidos de personas. Si una empresa pública reestructura sus direcciones de área o fusiona departamentos, el SGSI simplemente adapta los roles de responsabilidad sobre los activos de información afectados. El mapa de riesgos se actualiza para reflejar quién es el nuevo custodio de los datos del servicio, pero las políticas de control de accesos, cifrado, copias de seguridad y continuidad siguen operando de manera idéntica, asegurando la resiliencia organizativa durante el periodo de transición.

9 ¿Se requiere la contratación de software especializado de ciberseguridad para lograr la certificación internacional?

La norma no impone el uso de ninguna herramienta tecnológica de una marca o especificación concreta. El estándar describe qué objetivos de seguridad deben alcanzarse, pero deja absoluta libertad a la empresa pública para seleccionar las tecnologías de protección que mejor se adapten a su capacidad presupuestaria y entorno técnico. Una organización puede alcanzar la certificación optimizando el uso de las herramientas de red y sistemas operativos que ya posee en su infraestructura, siempre que demuestre que dichas configuraciones mitigan con eficacia los riesgos detectados en el análisis previo.

10¿De qué manera se realiza el control de la seguridad física en los edificios de atención al ciudadano bajo este enfoque?

El control del entorno físico se aborda dentro de los dominios específicos del Anexo A de la norma. Para las sedes de atención presencial de las corporaciones públicas, esto implica definir de forma clara áreas de acceso restringido para el personal de administración (como las oficinas donde se custodian expedientes físicos o los armarios de telecomunicaciones secundarios) separadas físicamente de las zonas de libre circulación de los ciudadanos. Se instauran procedimientos de control de visitas, videovigilancia perimetral en puntos críticos y políticas de mesa limpia para evitar que datos sensibles queden expuestos a la vista de terceros.

11 ¿Qué es la norma ISO 27001 para empresas públicas?

Es el estándar internacional de ciberseguridad que define cómo estructurar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en entidades estatales. Permite mitigar los riesgos digitales, blindar la información ciudadana y optimizar los recursos públicos mediante políticas operativas basadas en la mejora continua y el análisis del riesgo.

12 ¿Por qué deben implantar la norma ISO 27001 las empresas públicas en España?

Las empresas públicas españolas la implementan para garantizar la continuidad de sus servicios esenciales, proteger los datos personales de la ciudadanía y agilizar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), reduciendo sustancialmente los costes de auditoría técnica exigidos por el Real Decreto 311/2022.

13 ¿Cómo se coordina el estándar de ciberseguridad con el Esquema Nacional de Seguridad?

Se coordinan mediante el mapeo directo de controles. La gobernanza de la seguridad del estándar internacional proporciona la estructura de gestión idónea para asimilar de forma unificada las medidas técnicas del ENS, evitando la duplicación documental y optimizando el esfuerzo del personal de la administración pública.

14 ¿Qué es la Declaración de Aplicabilidad (SoA) en el sector público?

La Declaración de Aplicabilidad es el documento oficial del SGSI donde la corporación pública detalla cuáles de los controles de seguridad del Anexo A de la norma son aplicables a su actividad, justificando técnicamente la exclusión de aquellos que no interfieran con la gestión de sus servicios esenciales.

15 ¿Qué beneficios aporta la gestión de riesgos Magerit en esta norma?

La utilización de la metodología Magerit permite a las corporaciones públicas cuantificar con precisión el impacto operativo y social que sufriría la administración ante un incidente tecnológico, facilitando la priorización del gasto público en las salvaguardas cibernéticas que ofrezcan un mayor nivel de protección institucional.

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